viernes, 19 de febrero de 2021

La Intervención Social como una forma de lucha por la Justicia Social

“Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo”Yerma, de Federico García Lorca.

No, Federico García Lorca no hizo este texto pensando en las personas que trabajan en el ámbito social, sin embargo, reinterpretado, también describe la misión e ideal de estas.

Hoy, 20 de febrero, es el Día Mundial de la Justicia Social y esta semana la “Marea Naranja” (Madrid, junto a otros Colegios Profesionales) lleva a cabo una campaña de sensibilización recordando la necesidad de reclamar #MásServiciosSociales públicos y de calidad y #MásJusticiaSocial en este siglo XXI. A esta reivindicación han de añadirse mejores condiciones para el tercer sector, pieza fundamental que provee de recursos externos a los Servicios Sociales y son también quienes procuran garantizar la igualdad y la justicia social en nuestro país.

Además, en esta semana se han puesto sobre la mesa cuestiones sociales latentes que resaltan o nos recuerdan que es muy necesaria la lucha por la justicia social: las consecuencias de la restricción de la libertad de expresión, la pasividad ante la corrupción, la pobreza energética, la delicada situación de los servicios sanitarios, la precariedad laboral en tiempos de pandemia, la brecha de género y la tecnológica, entre otras muchas. Como personas, pero sobre todo como profesionales, hemos de reflexionar, hacer por tomar responsabilidad colectiva y prepararnos para promover el cambio.

Como profesionales de lo social se han aprobado diversos códigos deontológicos, por ejemplo, en el año 2012 el Código Deontológico del Trabajo Social, en el que se habla de una

“Justicia social con la sociedad en general y con las personas con las que se trabaja, dedicando su ejercicio profesional a ayudar a los individuos, grupos y comunidades en su desarrollo y a facilitar la resolución de conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias.”

Y que, además, recoge en su artículo 5 que

el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar.”

Atendiendo a lo que en este código deontológico se menciona, relativo a la justicia social como esencia de nuestra profesión creo necesario recapacitar sobre nuestro papel como profesionales de la intervención social, lo que reclamo y reivindico también esta semana para poder dar respuesta a muchas de las problemáticas que estamos viviendo.

Desde luego necesitamos más recursos sociales y económicos, unas instituciones fuertes, comprometidas e innovadoras, tiempo para dar un servicio de calidad, es decir, unas condiciones laborales suficientes y dignas, pero también, y, sobre todo, necesitamos personas-profesionales dispuestas a marcar la diferencia, a resolver y no parchear el problema. Insisto y recapitulo, que no se me malinterprete: no pido trabajadores santos y sacrificados, y, por supuesto, vaya por delante la necesidad imperativa y urgente de incremento de plantillas y sueldos y condiciones laborales dignas, ratios profesionales adecuadas o formación específica. Ahora bien, una vez provistos de ello, entonces téngase en cuenta lo que digo.

En ocasiones se echa, echo, en falta lo que nuestra labor profesional debería desarrollar. De ahí que lance este decálogo, por si pudiera aportar algo para establecer otros mínimos de lo que podría conformar esa persona-profesional que lleva a cabo la intervención social, que trabaja con seres humanos, que también sufre ciertas consecuencias de la sociedad en la que vive, que está dispuesta a luchar por la justicia social:

  1. .     Adoptar un pensamiento crítico y trasmitirlo a las personas con las que se trabaja, siempre desde el respeto, desde una posición de igual a igual.

    2.    Promover la igualdad de oportunidades para un desarrollo sostenible.

    3.    Estar disponible para recibir y buscar formación continua.

    4.    No darse por vencido e investigar alternativas para la resolución de problemas, lo que implica poner en práctica la creatividad y no tener miedo a la equivocación.

    5.    Autocuestionar la práctica social que uno lleva a cabo, analizar cómo lo hace, por qué lo hace y con qué fin.

    6.    Proponer y buscar supervisión profesional, tanto dentro como fuera del entorno laboral.

    7.    Estar convencidos de que el trabajo en equipo es enriquecedor para el desarrollo de la práctica social-profesional y tener presente la dificultad que conlleva, pero estar dispuesto a superarla.

    8.    Fomentar el trabajo en red como una metodología más completa e interdisciplinar y eficaz para la resolución de problemas.

    9.    Facilitar procesos de acción comunitaria en la medida de nuestras posibilidades es pensar la comunidad como la mayor fuerza para poner fin a los problemas.

    10. Tener la capacidad de implicar, de atraer a las personas para producir cambio y facilitarles las herramientas para ello.

Estas propuestas requieren que tengamos cierta disponibilidad para experimentar nuevos terrenos y para observar con detenimiento nuestra práctica social, pero esto también forma parte del camino hacia la justicia social.


Marian Pérez

Trabajadora Social


viernes, 12 de febrero de 2021

La niñez y Juventud ante el riesgo de la desercion escolar debido a la pandemia

En los meses previos y durante la reciente contingencia colaboradores de “MELEL XOJOBA” (organización que trabaja por los derechos de la infancia y la juventud indígena) llevaron a cabo una investigación sobre cómo viven actualmente la pandemia los niños, niñas y jóvenes del estado de Chiapas de entre 8 y 17 años Y como esto a influido en su deserción escolar. 
Se constató en dicha encuesta que:  8 de cada 10 niños, vivía en situación de pobreza y el 70% cuenta con un celular y solo el 19% tiene acceso a internet. 

https://ibero909.fm/tengo-otros-datos-1/entre-el-saln-de-clases-y-el-trabajo-infantil-la-realidad-de-los-nios-en-chiapas 

Tomando en cuenta que dichas tecnologías son necesarias para continuar con los estudios, pero no son, ni están al alcance de todas y todos. 

¿Qué podría esperarse como resultado?     
Recordemos que antes de la pandemia ya existía una escasa dedicación de recursos para el apoyo escolar en las zonas rurales. 
Ahora la principal preocupación de los padres de familia no solo es mantener las necesidades de sus hogares, sino también el de mantener los estudios de sus hijos. Debido al cese de actividad laboral donde muchos de los padres dependían del turismo y otros trabajos de demanda social, obligó a los menores a salir de sus hogares y dejar los estudios para incorporarse en actividades laborales, incluyendo actividades de índole ilegal como el narcomenudeo y la prostitución.
Otro gran porcentaje de menores se encuentran hoy en día siendo desplazados de sus hogares por los recientes ataques hacia las comunidades de Aldama y Moises Gandhi, Chiapas, comunidades indígenas que contaban con el apoyo del EZLN y llevaban una estructuración de vida independiente del sistema oficial. Debido a esto no cuentan con el resguardo y protección del Estado, sino más bien del asedio y acoso constante por parte del Gobierno. 

Cada día que pasa un gran porcentaje de jóvenes y niños de escasos recursos, abandona la escuela o bien no tiene la oportunidad de asistir a esta. Una problemática que debe ser visibilizada y atendida con gran urgencia. 

¿Cómo exigir protección y apoyo de aquellos que comandan estas agresiones directas hacia las comunidades indígenas? 

¿Quién se hará responsable de llevar a cabo una educación para la vida, para la paz y que resguarde la integridad de los menores si se les ha cuartado esta libertad desde arriba?
Esta desigualdad latente que se vive en estos espacios es una violación directa a los derechos humanos de sus integrantes, así como la falta de resguardo a los menores de edad por exponerlos al riesgo de contagio, a condiciones laborales deplorables que nuevamente viola sus derechos y su integridad como sujetos.


Keny R.
Pedagoga y Poeta feminista.
Chiapas, México.

Crisis Climática y Respuesta Popular

El reciente temporal que azotó España, uno de los fenómenos de DANA más severos del siglo, ha dejado un saldo devastador, con 215 víctimas m...